Sólo un 2,3% de los avales ICO para el alquiler de vivienda habitual han sido ejecutados en el último año

Sólo un 2,3% de los avales ICO para el alquiler de vivienda habitual han sido ejecutados en el último año

El mandato fue confinarse en casa para evitar el avance de los contagios. Pero a partir de marzo de 2020, la dificultad para muchos fue permanecer en sus hogares. Con la economía paralizada y la renta del alquiler tocando a la puerta cada mes, el Gobierno confeccionó varias ayudas para garantizar el derecho a la vivienda de los más vulnerables. No todas tuvieron el mismo alcance. Una de ellas, la Línea de Avales para el Arrendamiento COVID-19, destaca por su bajo grado de ejecución. Un 2,3% del crédito con el que se dotó.

Gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y con un ambicioso límite de gasto de 1.200 millones de euros, a 9 de septiembre de este año sólo se han visto formalizado 27,5 millones, según los datos aportados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En total, 7.707 préstamos avalados por el Estado para el pago del alquiler que fueron concedidos en su mayoría -un 59%– por Microbank, de CaixaBank y el BBVA.

El mecanismo era simple. Los demandantes podían solicitar el préstamo en alguna de las trece entidades bancarias que suscribieron el acuerdo marco del ICO siempre y cuando pudieran demostrar que se encontraran en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la emergencia sanitaria. Algo que no es accesible para todos. «A muchos de mis allegados se lo denegaron, porque trabajaban sin nómina y no tenían ERTE», explica María, vecina de Leganés (Madrid). Los requisitos para solicitar la ayuda incluían presentar certificado de las prestaciones o subsidio de desempleo, libro de familia, certificado de empadronamiento, certificado catastral y declaración responsable. Un laberinto burocrático en el que resultaba fácil perderse.

«Cada vez me pedían una cosa», se queja al otro lado del teléfono. María vive en un piso de 60 metros cuadrados junto a otros cinco familiares. Asegura que la primera vez que trató de solicitar la ayuda los trabajadores del banco le dijeron que no disponían de ella. Tras saber que se la habían concedido a un amigo, acudió de nuevo a la sucursal. «Me dijeron que mi ERTE era muy bajo (por debajo de 300 euros al mes) y me desmotivaron para que no la pidiera, pero con la ayuda de mi esposo nos la concedieron», reprocha.

A Yamil, vecino de Aluche (Madrid), la ayuda le «demoró tres meses» pero finalmente se la concedieron. Con familia a su cargo, 800 euros de ERTE y 794 de alquiler, no podía asumir el pago de la renta y optó «por comer». Yamil es uno de los 20 vecinos del barrio al sur de la capital que logró ser avalado por el Estado. En un distrito en el que la mayoría de los hogares salen adelante con una renta media de 16.450 euros anuales -según los datos del INE de 2018– y con un alquiler aproximado de entre 10 y 11 euros por metro cuadrado, Aluche no es uno de los barrios que más créditos de este tipo acumula.

Zonas de rentas similares o incluso más altas, como Ventas (23.452 euros anuales) o Arganzuela (19.950 anuales) en Madrid o la costa de Ibiza (18.550) en Baleares, son las que encabezan el ranking de créditos avalados por el Estado. De hecho, este top tres de provincias con alquileres más altos de España (Madrid, Barcelona y Baleares) según Fotocasa, aglutina el 55% de los créditos concedidos. El resto de los préstamos se reparten a lo largo de la costa mediterránea, concentrándose en zonas con una alta presión turística y barrios de clase media o media baja. Lloret de Mar (Girona), Lavapiés y el Barrio de las Letras de Madrid o Alcúdia (Mallorca) forman parte de esta red de territorios cuyos habitantes se han visto obligados a recurrir a estos préstamos.

La escasa formalización de préstamos avalados por el estado invita a reflexionar sobre el poco éxito de la medida. ¿Por qué se ha ejecutado sólo el 2,3% del crédito dotado? ¿Acaso no hubo demanda? ¿Se publicitó bien la ayuda? ¿Fue accesible para todos los que la necesitaban? Ministerio, ICO y banca juegan a la patata caliente con estas preguntas. Nadie quiere mojarse. Desde los movimientos en defensa del derecho a la vivienda, esgrimen algunas hipótesis. «Las personas que solicitan estas ayudas ya están teniendo problemas económicos que pueden hacerse mayores al tener que endeudarse, aporta Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Por ello, «algunos prefieren no postular a estas ayudas».

Desde los rellanos, esbozan con otros motivos. «En mi barrio muy poca gente lo sabía», asegura María, que corrió la voz entre sus vecinos cuando recibió la ayuda. Para Yamil, tiene que ver con la barrera burocrática con la que se encuentran algunos extranjeros al llegar a España, y arguye que aunque la normativa asegure el igual acceso de todas las personas a esta ayuda, sospecha que «el banco siempre mira esas cosas». Desde su experiencia, «no es lo mismo tener DNI que un NIE»

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