El sector audiovisual afirma que no se puede obligar a Netflix a producir en catalán: «O han engañado a ERC o se han prestado al engaño»

El sector audiovisual afirma que no se puede obligar a Netflix a producir en catalán: «O han engañado a ERC o se han prestado al engaño»

El negocio audiovisual asiste con desconcierto al protagonismo que en su próxima ley sectorial han adquirido las concesiones del Gobierno a los partidos nacionalistas para rubricar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El mínimo del 6% para catalán, gallego o euskera exigido en la oferta del catálogo de servicios de streaming es irrealizable según los informes jurídicos del sector a los que ha accedido EL MUNDO. «O han engañado a ERC o este partido se ha prestado al engaño», cuenta un directivo de uno de los operadores afectados.

La nueva normativa es la transposición de la directiva audiovisual europea, unas obligaciones generales a las que se pueden sumar las concretadas por cada país. Sin embargo, los servicios jurídicos del sector audiovisual son tajantes en que la legislación nacional sólo sería aplicable para los operadores con sede en cada país, no para los que tengan su sede en otro distinto, por mucho que estos también presten servicio en la nación de turno donde se legisle. El llamado principio de país de origen, por el que un operador se atiene a la ley del país de su sede principal y no a la de todos en los que está presente, libraría en consecuencia a Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney+ de asumir el compromiso adquirido por el Ejecutivo y ERC.

Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos en el Congreso, logró capitalizar el martes este acuerdo al anunciarlo en rueda de prensa dentro de la Cámara Baja, donde reconoció el «foco mediático» del asunto audiovisual y mostró su satisfacción por haber dado cumplimiento a la promesa de que su partido «iba a conseguir cuotas e incentivos». Este jueves, de hecho, el Congreso aprobó una enmienda al proyecto de PGE para destinar 10,5 millones a obra audiovisual en catalán, euskera y gallego, tras un pacto con ERC, Bildu y BNG.

La ley audiovisual que rige en la actualidad, de 2010, no marca ningún mínimo de contenidos audiovisuales en lenguas cooficiales, como es el caso del catalán. Y tampoco se había avanzado en ese sentido en las redacciones conocidas del anteproyecto de la nueva ley, una de finales del año pasado y otra de julio. Un tercer texto se había remitido al Consejo de Estado, en el que tampoco se daba cabida a esta obligación. Por lo tanto, el acuerdo del Gobierno y ERC se salta cuanto se había consensuado en ese sentido durante los dos procesos de consulta pública para la elaboración de la norma, recopilación de pareceres en la que Netflix y otras compañías similares sí intervinieron. «No podemos opinar ni judicializar un asunto sobre el que no tenemos datos», aseguran desde uno de los gigantes norteamericanos del streaming preguntados por este diario: «De esto del 6% no se ha hablado con nosotros cuando nos han pedido opinión sobre la ley, y estas conversaciones han durado años«.

Efectivamente, la directiva europea data de noviembre de 2018 y en enero de 2019 el Gobierno abrió un período de consulta pública, en la que han participado gigantes como Netflix. Estos quedarían ahora a expensas de los pactos políticos que sirven para apuntalar la aprobación de los Presupuestos del actual Gobierno de coalición.

Tal y como han explicado desde el Ministerio económico que lidera Nadia Calviño, en la nueva ley audiovisual existirá una obligación de dedicar un 30% del catálogo de los servicios bajo demanda a obra de origen europeo, un criterio que viene des Bruselas y que no admitiría discusión jurídica. La norma española prevé además que el 50% de ese 30% (un 15%) esté dedicada a películas, series o documentales en lenguas oficiales del Estado. Para satisfacer las peticiones nacionalistas, la legislación española establecería además que el 40% de ese 15% del contenido presentado (el mencionado 6%) se dedique a lenguas oficiales distintas del castellano, como es el caso del catalán.

Este propósito de difícil aplicación supondría que en el catálogo de empresa como Netflix, si ofreciera 10 obras españolas, se incluirían 6 en castellano y 4 en otras lenguas como el catalán, el euskera o el gallego. Ese gigante californiano, en concreto, cuenta con un gran centro de producción en Tres Cantos (Madrid) y tiene en tierras latinoamericanas uno de sus mercados principales.

Dadas estas circunstancias, las fuentes jurídicas consultadas estiman que, de introducirse la ley este 6%, contaría con un recorrido limitado en caso de que los operadores norteamericanos decidieran judicializar la obligación. Eso sí, operadores nacionales privados como los servicios bajo demanda Movistar+, Vodafone TV, Orange TV, Filmin, Flixolé, Atresplayer o Mitele sí tendrían que cumplir con esta carga de ahora en adelante, además de las que ya vienen asumiendo.

Además, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) deberá destinar el 10% del Fondo de Protección de la Cinematografía a producir en catalán, gallego y vasco, lo que inevitablemente reducirá la cuota de impulso al cine en lengua castellana. Rufián se encargó de anunciarlo.

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