El centro y el norte de Europa bloquean de nuevo las exigencias energéticas de España

El centro y el norte de Europa bloquean de nuevo las exigencias energéticas de España

Lo pusieron por escrito en el mes de octubre y lo vuelven a hacer ahora. Nueve países, encabezados por Alemania y Holanda, han distribuido una carta conjunta este miércoles fijando una posición común y cargando contra las medidas que España lleva meses proponiendo para luchar contra el aumento del precio de la electricidad. La misiva llega en la víspera de un Consejo de Energía muy esperado por nuestro país y en el que los ministros del ramo retomarán donde lo dejaron hace unas semanas, para preparar la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en Bruselas a mediado de mes.

Hace unos meses Moncloa esperaba aprovechar el momento que se había generado en todo el continente para avanzar en medidas «audaces», pero no ha sido así. El presidente Pedro Sánchez peleó en el último Consejo Europeo y logró dos cosas: mantener viva la discusión y la promesa de que los organismos comunitarios investigarían sus quejas sobre el funcionamiento del mercado, la volatilidad y posibles manipulaciones. Trascurridas unas semanas, y con el coronavirus de nuevo como principal preocupación y obsesión política, ya no hay la presión que había entonces y el suflé se ha desinflado. «Algunas cosas que parecía que podrían salir no han volado», explican fuentes diplomáticas. Y no van a hacerlo. La Comisión y sus agencias tienen una posición firme y no hay en el Consejo una mayoría remota para una batalla a fondo.

La tesis de los nueve, con Irlanda, Luxemburgo, Austria, Dinamarca, Finlandia, Estonia y Lituania, choca con las de Pedro Sánchez en todo: diagnóstico, análisis y propuestas. Para empezar, en las razones de la subida. «Compartimos el análisis de la Comisión Europea y ACER con respecto a las causas de la subida de precios actual, que se encuentran principalmente en la alentadora recuperación económica mundial y en los factores adicionales de oferta y demanda de combustibles fósiles», dice el documento en referencia a la evaluación de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que recientemente publicó un dictamen contundente desmontando una por una las demandas españolas.

Los nueve países, así como las instituciones, creen que el mercado funciona bien. Que hay sin duda una crisis, que los precios están disparados y es preocupante, pero que la solución no pasa por modificar las normas, ni en profundidad ni de forma ad hoc para que algunos países pueden adaptarlas, como pidió España. Y que el problema no está en manipulación, ni en el sistema ni en el mercado de emisiones «A corto plazo, la mejor manera de abordar la subida de precios es a través de acciones nacionales temporales y específicas de los Estados miembros, cuando proceda, para proteger a los consumidores y empresas vulnerables», dicen los firmantes usando el lenguaje empleado reiteradamente por Bruselas.

La carta, como una muy similar que los mismos países y algunos más escribieron en octubre antes de otra reunión de ministros de Energía, trata de hacer ver a Madrid, París, Grecia o Bucarest que no están dispuestos a abrir la caja de pandora. Los riesgos de empeorar lo que hay son mucho mayores que los posibles beneficios de meter mano, explican. «No podemos apoyar ninguna medida que represente una desviación de los principios competitivos de nuestro diseño de mercado de gas y electricidad. Desviarse de estos principios socavaría la descarbonización de nuestro sistema energético, pondría en peligro la asequibilidad y pondría en riesgo la seguridad del suministro», avisan.

El ataque principal en la carta, que fija posición para evitar que el Consejo se convierta en una batalla, es precisamente contra una de las medidas más agresivas reclamadas por los países más afectados. Y es lo que la vicepresidenta Ribera se encontrará dentro de unas horas. Haciéndose eco del análisis de la Agencia Europea de Reguladores, los nueve afirman que propuestas de diseño de mercado alternativo, como por ejemplo, «precios máximos o precios medios dependientes de la tecnología basados en el mix nacional», que es lo que vienen a pedir en Madrid, «suponen un grave riesgo», pues ponen «en peligro la seguridad del suministro, ya que con una regulación de precios es posible que un gran número de participantes del mercado no puedan recuperar sus costos de inversión a lo largo del tiempo, lo que justifica decisiones de salida del mercado y desalentar a los nuevos participantes».

Además, sostienen, «llevaría a incrementar los costes de la integración de la generación de energía renovable variable a largo plazo, «ya que no habría suficientes señales de mercado para las opciones de flexibilidad necesarias» y «socavaría la integración del mercado europeo de la electricidad, ya que la posibilidad de que los Estados miembros apliquen su propio concepto de ‘precio justo’ puede desalentar el mercado de electricidad, limitando así la posibilidad de que los Estados mitiguen las perturbaciones de precios y del sistema mediante el comercio con países vecinos».

La solución, dicen los firmantes con el apoyo claro de la Comisión Europea, es tener paciencia y medidas nacionales para mitigar los efectos de la subida de precios, sobre todo en los colectivos y sectores más vulnerables y afectados. «Como ya propuso ACER, el análisis final, previsto para abril de 2022, podría buscar más opciones dentro del marco de mercado existente». Esa es la premisa: ni cambiarlo, ni adaptarlo, ni revolucionarlo «audazmente» como pide Ribera. «Las medidas deben tener como objetivo reducir el riesgo de ingresos de la generación de electricidad renovable y mejorar las posibilidades de cobertura y la transparencia del mercado», así como asegurar la protección de los consumidores finales. Y eso, zanjan, no se lograría con las ideas de Moncloa.

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